PENAL: ABSUELTO POR UN DELITO DE IMPAGO DE PENSIONES UN PADRE QUE NO ABONÓ OCHO AÑOS LA PENSIÓN ALIMENTICIA A SU HIJO – ART. 227 CP

Un Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares considera que la actitud del padre puede tener un reproche moral pero no penal

– articulo con sentencia –

            Se presentó en su día una denuncia por impago de pensiones contra D. XY, obligación que venía estipulada en una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo dictada en el mes noviembre de 2012. A lo largo de la instrucción quedó acreditado que en todos estos años (2012 – 2020) el acusado no ha pagado cantidad alguna en concepto de pensión alimenticia para el hijo que tiene en común con la denunciante WY.

Señala la sentencia absolutoria que “la Jurisprudencia indica (SSTS de 28/7/1999, 13/2/2301, 3/4/2301, 8/7/2302, 16/6/2303 y 21/11/2307, y ATS de 15/4/2304) que el art. 227 CP se perfila como un delito de omisión, que exige para su consumación la concurrencia de dos elementos objetivos y uno subjetivo:

– Resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca la obligación de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de los hijos.

– Conducta omisiva del obligado al pago consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos; conducta ésta de omisión cuya realización consuma el delito por ser de mera actividad, sin necesidad de que de ello derive ningún resultado perjudicial distinto del que ya produce la falta de percepción de la prestación establecida.

– Comportamiento doloso del sujeto activo evidenciado en el conocimiento de la obligación de pagar y la voluntariedad de incumplir la misma, precisando que resulta inexistente el dolo en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida. Imposibilidad cuya prueba, obviamente, corresponderá a quien la alega.”

Por lo tanto, aunque quedaba probado que el denunciado:

  • Tenía establecida una obligación de pago para su hijo menor de 200 euros mensuales en concepto de pensión alimenticia, en un título judicial firme (sentencia de divorcio de 2012)
  • No abono cantidad alguna en los últimos ocho años en concepto de pensión alimenticia
  • Que a lo largo de este tiempo ha carecido el acusado de interés y esfuerzo para el cumplimiento de las obligaciones paternofiliales
  • No inició en estos años ningún procedimiento de modificación de medidas definitivas para disminuir la cuantía de la pensión alimenticia

se dictó sentencia absolutoria.

En su fundamento absolutorio se invoca por el juzgador el principio de intervención mínima y ultima ratio.

La absolución viene también fundamentada en los hechos de que el acusado en todo este tiempo no ha tenido vida laboral (constando solo la percepción de subsidios por desempleo de 430,27 euros), que tiene en propiedad un vehículo que carece de seguro obligatorio y que no consta que ha realizado en estos años trabajo alguno por cuenta ajena. Por lo tanto, no tiene capacidad económica para afrontar el pago mensual de la pensión alimenticia.

La Sala 2ª del Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias como la de 13 de febrero de 2001 que recoge como elementos esenciales del delito del  art. 227 CP, los siguientes:

a) La existencia de una resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, que establezca la obligación de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de sus hijos; sin que sea preciso que a tal derecho de crédito acompañe una situación de necesidad vital por parte del beneficiario de la prestación.

b) La conducta omisiva consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos -frente a los tres y seis meses respectivamente que establecía el artículo 487, bis, CP. de 1.973 (LA LEY 1247/1973); conducta ésta de omisión cuya realización consuma el delito por serlo de mera actividad sin necesidad de que de ello derive ningún resultado perjudicial complementario del que ya es inherente a la falta misma de percepción de la prestación establecida.

c) La necesaria culpabilidad del sujeto dentro de los inexcusables principios culpabilísticos del artículo 5 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), con la concurrencia, en este caso de omisión dolosa (artículo 12 CP (LA LEY 3996/1995), del conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el impago; voluntariedad que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida.

d) La posibilidad de que dicho pago pueda ser realizado por el obligado (in necesitate nemo tenetur), sin que, sin embargo, se requiera una situación de necesidad por parte del que tiene derecho a la prestación ni que se derive para éste, perjuicio alguno diverso del de la no percepción de la prestación, tratándose de un delito de mera inactividad,

e) El conocimiento de la resolución judicial unido a la voluntad de no realizar el pago, cuya voluntad se estima ausente en los supuestos de imposibilidad de hacer efectiva la prestación, lo que le aleja del reproche de delito que instaure la prisión por deudas.

Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y Doctor en Derecho opina que “con respecto a la imposibilidad de pagar existe un consenso más o menos generalizado en la doctrina y la jurisprudencia con respecto a la necesidad de no imputar el delito de impago de pensiones en aquellos supuestos en que se ha probado en el juicio oral que el obligado al pago carecía de medios económicos para sufragar la pensión impagada.

En este tema hay un factor relevante relativo a la circunstancia de que el obligado al pago de los alimentos pueda tener unos ingresos no oficiales que oculta. Pero demostrarlos es carga de la prueba de la acusación, como recuerda la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª, 322/2016 de 18 abril 2016, Rec. 125/2015 (LA LEY 58086/2016) que señala que: «Podemos sospechar que es posible que obtuviera ingresos que no aparezcan en los registros oficiales, pero esa sospecha es insuficiente. No hay prueba directa, ni indicios de riqueza, ni se han hecho averiguaciones sobre cuál es la realidad de la vida cotidiana del apelante, que afirma que carece de recursos y que vive con sus padres (salvo alguna temporada en que un amigo le prestó una vivienda). Ante todo ello, no se alcanza la suficiente certeza de que el impago de las pensiones haya sido voluntario, y la consecuencia es la imposibilidad de dictar una condena contra el acusado.» Por ello, si no se acreditan esos ingresos no se le podrá condenar, aunque vemos que es posible acudir a la prueba de indicios en este delito si la acusación puede, de alguna manera, convencer al juez de los medios de que «debe disponer» el acusado cuando vive de una manera que evidencia a las claras de que dispone de ingresos no declarados que aseguran la disponibilidad económica para poder hacer frente a sus obligaciones alimenticias que, sin embargo, ha dejado al margen. Y es que son muchos los casos en los que la prueba directa no se puede obtener si el acusado ha acreditado la insolvencia, por lo que la obtención de datos públicos u oficiales que demuestren la solvencia resultan complicados si, en efecto, el acusado es insolvente y está inscrito, por ejemplo, en las listas del INEM, pero pese a ello disfruta de una posición externa económica evidente que hace presuponer que tiene ingresos ocultos, por lo que se admite en estos casos la prueba indiciaria en el delito de impago de pensiones del art. 227 CP. (LA LEY 3996/1995). (LA LEY Derecho de familia, Nº 12, Cuarto trimestre de 2016, Editorial Wolters Kluwer)

Marius Vili Sarbu Sarbu, Letrado ICAM 90513

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