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CIVIL – CLÁUSULAS ABUSIVAS
CLÁUSULA DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA

Sentencia nº 196/2017- Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Alcalá de Henares
Se ejercita por la parte actora acción de nulidad respecto de determinadas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario de fecha ……. de 2005 (Documento nº 1 de la demanda), y en concreto, la cláusula 5ª, en lo referente a la atribución de los gastos de constitución de hipoteca a la parte prestataria. (……)

«FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador D. W en nombre y representación de D. X y Dª. Y, debo declarar la nulidad de la cláusula quinta del contrato de préstamo de fecha 4 de Octubre de 2005, en lo referente a la atribución en exclusiva de los gastos a la parte prestataria, condenando a la entidad demandada, BANKIA SA, a estar y pasar por la referida declaración, así como a abonar a los actores la suma de 5.597,22 Euros, más el interés legal desde la fecha de abono de las referidas cantidades, todo ello con imposición a la demandada de las costas del procedimiento.»

Leer la sentencia aqui

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –

EXPULSIÓN CIUDADANO COMUNITARIO DEL TERRITORIO ESPAÑOL

 

SENTENCIA nº 99/16 – JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1 CUENCA: La parte actora interpuso ante este Juzgado en fecha 19-II-16, demanda de recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca de fecha 9-II-16, sobre expulsión del territorio español, solicitando la anulación de la resolución impugnada.

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        “El hecho de que el actor cuente con diversas detenciones, aun cuando sin constancia en ese momento de que haya sido condenado como consecuencia de las mismas, desconociendo si finalmente lo será y con qué alcance, no ha de ser suficiente en este momento, para dar lugar a la expulsión del actor de nuestro país, dadas las circunstancias personales y familiares del mismo en nuestro país, con pareja estable y dos hijos menos de edad, como así ha aseverado en el acto de la vista el testigo D. X.Y.X, amigo del recurrente, dando los nombres de los hijos del actor, a fin de permitir a dichos menores que cuenten con su padre cerca de él, más aun cuando en el escrito de demanda se pone de manifiesto, dada la edad del actor, el tiempo que lleva en España y la falta de vinculación con su país de origen, el riesgo de exclusión social existente de ser expulsado el recurrente de nuestro país, con una prohibición de entrada por un periodo de 5 años, cuando también en nuestro país ha desarrollado diversos trabajos desde el año 2005, tal como deriva del informe de vida laboral acompañado con el escrito de demanda, en definitiva, circunstancias relevantes de arraigo que aconsejan en el presente supuesto, frente a las detenciones llevadas a cabo, que el actor permanezca en nuestro país, dejando sin efecto la expulsión acordada, lo que no significa que el mismo, a pesar de dichas circunstancias personales y familiares puestas de manifiesto, no deba observar una conducta acorde con nuestro ordenamiento jurídico, pues de persistir en dicha actitud, aumentando el número de detenciones y, en su caso, de condenas por alguna de ellas, procedería la expulsión del territorio español, pues dicha conducta sí que supondría un riesgo efectivo y cierto para la seguridad pública, que habría de evitar, a pesar de dichas circunstancias referidas, con la expulsión del país, con la consiguiente prohibición de entrada, algo en este momento, a la vista de los razonamientos expuestos no se entiende procedente.”

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FAMILIA – 

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD/AUTORIDAD FAMILIAR

 

SENTENCIA: 45/2016 – JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 13 ZARAGOZA: En la demanda rectora de este proceso se insta por la parte actora, el menor de edad, D. X.Y.Y, nacido en Zaragoza el día 24 de mayo de XXXX, a instancia de su madre Dña. YXC, representada la Sra. Procuradora Dña. MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GÓMEZ la privación de la autoridad familiar que ostentan ésa y D. M.N.C, mayor de edad, de nacionalidad XXX, en su calidad de padres de ese hijo común.sentencias sarbu abogados

           “De una adecuada valoración del material probatorio practicado en los presentes autos se desprende que efectivamente, el padre del menor, ha incumplido sus deberes como tales, y en las circunstancias actuales no están en condiciones de proporcionar una educación y una atención al niño. La omisión por el demandado de los deberes de asistencia material y moral respecto a su hijo menor, desde los primeros meses de su vida, cuando las atenciones de los progenitores son absolutamente indispensables, por lo que la medida de privación de la patria potestad, aunque en extremo dura para cualquier padre, resulta una medida indispensable de protección de los intereses superiores de la menor, o, mejor dicho, necesaria para la protección integral de ella conforme al mandato constitucional. A tal efecto, hay que tener en cuenta los documentos obrantes en autos, en los que se pone de manifiesto que el padre se desentendió desde hace casi ya desde el año 2.012 de su descendiente, a raíz de lo cual le fuera atribuida la guarda y custodia a la madre por sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (………..), relatando como tal cual desapareciera pues de la vida del niño hasta la fecha, siquiera a través de otras personas desde entonces tratara de interesarse sobre la evolución del hijo común, ni de su crecimiento ni de las necesidades más perentorias, por ello en un grado tal que imposibilitara los cuidados precisos para con ése descendiente. La conducta del demandado pues ha motivado que la madre inste que ése se vea imposibilitado ahora de la crianza y custodia del hijo común de ser hallado y tratare ahora de interferir en la normal crianza y educación del mismo.
Es más, como nos recuerda la doctrina autonómica de nuestro Alto Tribunal (por todas, la STSJ Aragón Sala Civil-Penal, de fecha de 5 de abril de 2.011, FJ 3º): “…La referencia del artículo 177.1.2º del Código Civil. a la privación de la patria potestad o a hallarse incurso en causa legal para su privación que exige comprobar “el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma” (artículo 170 del Código Civil), debe sustituirse entre nosotros por el artículo 77 de la Ley aragonesa 13/2.006, de Derecho de la persona –ahora el vigente “Código del Derecho Foral de Aragón”-, conforme al cual para la privación de la autoridad familiar se requiere “sentencia firme fundada en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes inherentes a la misma”, enunciado que literalmente resulta más exigente que el del artículo 170 del Código civil, sin perjuicio de que en su aplicación pueda equipararse. Debe reiterarse lo declarado para la situación de desamparo, aunque ahora con mayores dificultades dado el tenor literal del artículo 77 (donde no existe la expresión del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección del artículo 104), que permita la apreciación del incumplimiento grave y reiterado de los deberes en quien no ha tenido la oportunidad de ejercerlos dado que el niño le fue retirado al nacer, deduciendo dicho incumplimiento ya no sólo de la anterior conducta de la madre sino de la posibilidad de extrapolarla a su situación actual, lo que inevitablemente exigirá valorar la prueba que permita comprobar dicha situación y no simplemente derivarla de aquel estado anterior…”.
Cabe indicar que desde muy pequeño el menor ha estado cuidado por su madre, que intervino en el acto del juicio y ratificó las consideraciones efectuadas por el Ministerio Fiscal, dando detalles de esa permanente y grave desatención no solo material, no contribuyendo en nada económicamente, sino siquiera el comunicarse para preguntar e interesarse por ese hijo menor común”.

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