Cuando la justicia tarda: el coste de vivir bajo medidas cautelares

El tiempo del expediente y el tiempo de una vida

Hay una diferencia que los expedientes no siempre reflejan: para una oficina judicial, unos meses pueden ser un intervalo entre dos actuaciones; para quien está sometido a una medida cautelar, pueden representar un curso académico, una oportunidad de trabajo o una etapa de su vida que ya no vuelve. La demora tiene consecuencias incluso cuando la persona permanece en libertad.

Como abogado, considero necesario reclamar mayor celeridad en las instrucciones penales y una atención específica a las causas que llevan aparejadas restricciones personales. Una decisión provisional exige seguimiento. Cuanto más se prolongan sus efectos, más importante resulta comprobar si siguen siendo necesarios y si existe una forma menos gravosa de alcanzar su finalidad.

Las medidas cautelares cumplen funciones legítimas y, en muchos asuntos, imprescindibles. La protección de las víctimas y la disponibilidad del investigado merecen una respuesta eficaz. Precisamente por ello, su adopción y mantenimiento requieren una valoración concreta, comprensible y actualizada. La rutina no puede ocupar el lugar del razonamiento.

Un caso que permite entender el daño

Un caso de este despacho permite comprender hasta qué punto una investigación penal prolongada puede alterar la vida de quien todavía no ha sido condenado. Una persona joven comenzó el procedimiento mientras estudiaba. Hoy, 3 años más tarde, la causa principal sigue pendiente y, por una medida provisional de alejamiento, la sucesión de intervenciones y procedimientos terminó por llevarle a abandonar su formación. Por miedo. El expediente continúa abierto; la oportunidad de completar aquella etapa educativa ya ha quedado atrás.

Después intentó recuperar cierta estabilidad trabajando. Sin embargo, las contrataciones discontinuas con las que empieza a abrirse camino deben convivir ahora con la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes. Cada comparecencia supone organizar un desplazamiento, pedir permiso y explicar una ausencia. Para quien apenas consigue encadenar unos días de trabajo, estas cargas pueden comprometer la siguiente contratación. Y ello pese a contar con domicilio conocido y apoyo familiar, sin que, a juicio de esta defensa, la resolución explique por qué resulta necesaria precisamente esa frecuencia.

Así de fácil puede empezar a deshacerse una vida corriente: primero se interrumpen los estudios; después se dificulta la continuidad del trabajo; mientras tanto, las relaciones personales y los proyectos quedan condicionados por una incertidumbre que se prolonga. No es necesario ingresar en prisión para sufrir consecuencias profundas de un procedimiento penal. Basta con que las restricciones permanezcan y las respuestas tarden.

Todavía no se ha producido una pérdida del empleo, y precisamente por eso importa actuar ahora. La revisión judicial debe llegar cuando aún puede evitar el perjuicio. Una eventual absolución tendrá un valor indudable, pero no devolverá por sí sola el curso abandonado, la oportunidad laboral perdida o los años vividos con la sensación de que cualquier proyecto depende de un expediente que no termina de avanzar.

Comparecer cada quince días necesita una razón individual

El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la obligación de comparecer en los días señalados judicialmente y cuando la persona sea llamada. No establece que todos los investigados deban acudir cada quince días. La periodicidad quincenal no es, por sí misma, ilegal; tampoco queda justificada por ser habitual.

A mi juicio, una resolución debe permitir comprender qué circunstancias hacen necesario ese régimen: la disponibilidad que se pretende asegurar, la conducta procesal anterior, el domicilio, los vínculos personales y laborales y la adecuación de la frecuencia elegida. La existencia de indicios sobre un delito responde a una cuestión distinta de por qué esa persona necesita firmar dos veces al mes.

Cuando alguien ha atendido los llamamientos y ofrece un domicilio estable, esos datos merecen una respuesta, aunque no eliminen automáticamente cualquier riesgo. Si una comparecencia menos frecuente pudiera cumplir la misma función, corresponde explicar por qué se descarta. La motivación puede ser breve; lo que no debería ser es intercambiable entre personas cuyas circunstancias son diferentes.

Para quien vive cerca del órgano judicial y dispone de flexibilidad horaria, el trámite puede resultar sencillo. Para quien depende del transporte público o de contratos de corta duración, supone desplazamientos, ausencias y explicaciones ante su empleador. Si se fija dos veces al mes, son veinticuatro comparecencias al año, además de los demás llamamientos. Conviene valorar esa carga real al decidir su necesidad.

La provisionalidad también exige revisión

El artículo 539 LECrim permite reformar los autos de prisión y libertad provisionales durante el curso de la causa. Para las comparecencias, abre una vía de revisión de las condiciones acordadas. Otras medidas tienen sus propios presupuestos y cauces: no deben confundirse todos los regímenes cautelares.

La palabra «provisional» adquiere sentido cuando existe disposición efectiva a revisar. Una nueva actividad laboral, un cambio en la situación personal, la conducta observada durante el proceso o la evolución de los indicios pueden justificar que se vuelva a valorar la medida. Una solicitud documentada merece una decisión en un tiempo útil, antes de que el perjuicio que intenta evitar se consume.

La demora no convierte por sí sola una medida en ilegítima ni autoriza a incumplirla. Mientras siga vigente debe respetarse y solicitarse su modificación por los cauces procedentes. Mi crítica se dirige a la falta de examen individual y a la tardanza en responder, especialmente cuando la defensa advierte de consecuencias concretas sobre la educación o el empleo.

La sobrecarga explica el problema, pero no lo resuelve

Quienes trabajamos a diario con los tribunales conocemos la presión que soportan jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Hay carencias de personal, agendas saturadas y una carga de asuntos difícilmente asumible. Sería injusto atribuir toda demora a la falta de diligencia de un profesional concreto. La responsabilidad de dotar y organizar adecuadamente el servicio también corresponde a los poderes públicos.

El artículo 24.2 de la Constitución reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la presunción de inocencia. La STC 125/2022, de 10 de octubre, recuerda que la sobrecarga estructural y la insuficiencia de medios no bastan para neutralizar la lesión de aquel derecho. También exige valorar las circunstancias del caso: complejidad, duración ordinaria, interés comprometido y conducta de las partes y autoridades.

Aquella sentencia resolvió un asunto laboral, no la validez de comparecencias penales. Su doctrina sobre el tiempo de la justicia resulta relevante para esta reflexión, sin que permita declarar automáticamente indebida cualquier investigación prolongada. Lo exigible es identificar qué justifica la duración y qué actuación queda por realizar.

Comprender las dificultades del sistema no obliga a aceptar que su coste recaiga indefinidamente sobre el ciudadano. Reclamar medios para los tribunales y reclamar decisiones oportunas son exigencias compatibles. El respeto institucional también consiste en señalar aquello que necesita corregirse.

Una absolución no devuelve por sí sola lo perdido

La presunción de inocencia acompaña a la persona investigada durante el procedimiento. Es compatible con medidas cautelares legalmente justificadas, pero exige evitar que la sospecha se convierta, en la práctica, en una condición personal indefinida. Estar investigado no equivale a estar condenado.

Una eventual absolución puede despejar la responsabilidad penal; no recompone por sí sola un curso abandonado, una relación deteriorada o una oportunidad de trabajo perdida. Incluso cuando proceda alguna vía de reparación, sus requisitos y alcance deberán examinarse. No existe una restitución automática de los años vividos bajo incertidumbre.

Por eso importa intervenir a tiempo. Una formación interrumpida puede dificultar el acceso al empleo; la inestabilidad laboral puede aumentar la dependencia familiar; el temor a nuevas incidencias puede empobrecer la vida social. Son riesgos que deben escucharse y comprobarse, no efectos que quepa dar por acreditados en todos los asuntos. La atención judicial al daño previsible puede evitar que esas consecuencias se encadenen.

Lo que debería cambiar en la práctica

Propongo una atención organizativa específica a las causas con restricciones personales vigentes, compatible con las restantes prioridades legales. Debería conocerse qué diligencias faltan, por qué no se han realizado y cuándo se revisará la necesidad de las medidas. El transcurso del tiempo debe provocar una nueva mirada sobre el expediente.

Las solicitudes de revisión que documenten una interferencia concreta con estudios o trabajo deberían recibir una respuesta ágil. Al fijar comparecencias, convendría valorar expresamente frecuencia, lugar y posibilidades de cumplimiento, adoptando, cuando resulte procedente y viable, una alternativa que asegure la disponibilidad con menor sacrificio. Estas son propuestas de mejora, no un calendario uniforme que la ley imponga para toda medida.

También hace falta distinguir entre investigar con rigor y mantener abierta una causa por inercia. Cuando las diligencias necesarias estén practicadas, debe adoptarse la decisión procesal que corresponda. La celeridad beneficia a quien reclama protección y a quien se defiende de una acusación: ambos necesitan una respuesta fundada y oportuna.

El ciudadano debe responder a los llamamientos de la justicia. La justicia debe responder, con la misma seriedad, al tiempo de la vida del ciudadano. Una medida puede ser necesaria; su duración y sus condiciones también necesitan razones.

En Credis Abogados abordamos la defensa penal atendiendo también a las consecuencias personales del procedimiento. Para valorar una medida concreta es necesario revisar la resolución, las actuaciones y la documentación del caso. Contacto con el despacho.